En los últimos años, comunidades en todo Estados Unidos se han movilizado para oponerse a las detenciones y deportaciones llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En muchos vecindarios, los residentes se reúnen para documentar acciones de cumplimiento, cuestionar la legalidad de las órdenes de ICE o mostrar apoyo público a familias que están siendo objetivo de agentes federales. Este aumento en la participación cívica refleja una profunda preocupación pública sobre la aplicación de las leyes migratorias, pero también plantea preguntas críticas sobre los derechos legales de quienes deciden alzar la voz. Entender en qué situaciones la Constitución protege sus acciones—y dónde la ley establece límites claros—es esencial para cualquiera que desee participar de manera segura y eficaz en manifestaciones contra ICE o presenciar operaciones de cumplimiento como observador.
Usted Tiene Derecho, Bajo la Primera Enmienda, a Protestar, Grabar y Expresarse
La Primera Enmienda brinda una protección amplia a las personas que desean expresar sus opiniones sobre la aplicación de leyes migratorias, incluida la oposición a las actividades de ICE. Las personas tienen el derecho constitucional de participar en manifestaciones pacíficas en foros públicos tradicionales como calles, parques y aceras. Pueden gritar consignas, portar carteles, documentar la actividad de los agentes y hablar con otros miembros de la comunidad sobre sus inquietudes. Los tribunales han enfatizado repetidamente que el gobierno no puede restringir la expresión simplemente porque las autoridades no estén de acuerdo con el mensaje o lo consideren incómodo.
Un componente particularmente importante de la protección otorgada por la Primera Enmienda es el derecho a grabar a funcionarios gubernamentales mientras realizan sus funciones en lugares públicos. Numerosos tribunales federales de apelación han establecido que filmar a la policía es una actividad protegida constitucionalmente. Por ejemplo, en un caso, el tribunal determinó que un testigo tenía el derecho claramente establecido de grabar en video a oficiales que arrestaban a un hombre en el Boston Common. De manera similar, en otro caso, el tribunal reafirmó que los ciudadanos tienen derecho a grabar a oficiales en espacios públicos, siempre que no interfieran con la actividad policial.
Aunque estos casos no involucraron directamente a ICE, el principio se aplica de igual manera a todos los agentes del orden, incluidos los federales. Siempre que usted mantenga una distancia razonable y no obstruya un arresto, tiene derecho legal a documentar operaciones de ICE que ocurran a la vista del público.
Lo Que Usted Puede Hacer Legalmente Cuando ICE Intenta Arrestar a Alguien
Cuando agentes de ICE aparecen en un vecindario—frecuentemente temprano en la mañana y a veces sin previo aviso—los testigos pueden sentir la necesidad de intervenir. Legalmente, las personas que desean oponerse o monitorear estas operaciones pueden observar desde una distancia segura, grabar lo que ven y pedir a los agentes que muestren una orden de arresto si intentan ingresar a una casa privada. Los miembros de la comunidad también pueden objetar verbalmente las acciones de los agentes, informar a los vecinos sobre sus derechos o comunicarse con organizaciones legales en nombre de la persona objetivo.
Estas actividades están protegidas constitucionalmente siempre que no crucen la línea hacia obstrucción física o interferencia. La diferencia entre protesta legal y obstrucción ilegal no siempre es clara, pero los tribunales han sostenido consistentemente que acciones físicas—como colocarse directamente frente a los agentes, bloquear sus vehículos, agarrar a un detenido o ponerse entre el oficial y la persona que está siendo arrestada—pueden constituir interferencia ilegal. La crítica verbal, por dura que sea, no constituye interferencia bajo la Primera Enmienda.
Un ejemplo notable ocurrió durante las protestas en Portland, Oregón, donde activistas rodearon las instalaciones locales de ICE durante varias semanas. Aunque muchos manifestantes se mantuvieron en propiedad pública y ejercieron sus derechos de manera legal, otros fueron arrestados por bloquear físicamente las entradas. Los tribunales federales distinguieron entre la actividad expresiva protegida constitucionalmente y la conducta que obstruía el funcionamiento de una instalación federal. El gobierno no podía castigar a los manifestantes pacíficos por su mensaje anti-ICE, pero sí podía arrestar a quienes impidieran físicamente que los empleados o agentes entraran o salieran del edificio.
En otras palabras, usted puede observar, criticar y documentar las acciones de ICE, pero no puede interferir físicamente con la capacidad de los agentes para realizar sus funciones oficiales, sin importar cuán incorrectas le parezcan sus acciones. Su lucha debe llevarse a cabo en los tribunales, no en las calles.
Entender las Órdenes de ICE y Cuándo Es Legal Que Entren a una Vivienda
La mayoría de los arrestos realizados por ICE se basan en órdenes administrativas emitidas internamente por el Departamento de Seguridad Nacional. Estas órdenes—generalmente el Formulario I-200 (Orden de Arresto de Extranjero) o el Formulario I-205 (Orden de Remoción/Deportación)—no están firmadas por un juez y no autorizan a los agentes a forzar la entrada a un hogar. Por esta razón, los residentes tienen derecho a no abrir la puerta, y ICE no puede entrar sin consentimiento explícito o una orden judicial.
Esta diferencia se volvió ampliamente discutida después de varias redadas de alto perfil en las que agentes de ICE intentaron convencer a familias de abrir sus puertas alegando que “solo querían hablar”. Grupos de derechos civiles enfatizaron que una orden administrativa no anula las protecciones constitucionales del residente bajo la Cuarta Enmienda. Manifestantes y observadores legales que documentan estos encuentros pueden desempeñar un papel esencial para garantizar que los agentes no tergiversen su autoridad.
Si ICE presenta una orden penal, la situación cambia. Una orden de arresto penal, firmada por un juez, generalmente permite a los agentes ingresar a una residencia si creen razonablemente que la persona nombrada en la orden está dentro. Incluso así, los testigos mantienen su derecho a grabar desde áreas públicas y expresar su objeción verbalmente, siempre que no intervengan físicamente.
Cuándo la Oposición a ICE se Convierte en “Interferencia” Bajo la Ley
El concepto legal de “interferencia” ha sido analizado en numerosos casos relacionados con protestas. La idea central es que las personas pueden hablar, grabar, criticar y observar, pero no pueden obstaculizar, bloquear, retrasar o impedir físicamente que los agentes lleven a cabo sus funciones legales.
Los tribunales han determinado que quienes solo documentan o protestan verbalmente las acciones policiales no están interfiriendo con el cumplimiento de la ley, y que grabar y criticar verbalmente son actividades protegidas por la Primera Enmienda, a menos que representen un riesgo real para la seguridad.
En contraste, casos derivados de protestas migratorias en ciudades como Nueva York y Los Ángeles muestran dónde se cruza la línea. Varias personas fueron acusadas de alteración del orden público y obstrucción cuando rodearon vehículos de ICE o se enlazaron de brazos para impedir que los agentes abandonaran un área. Los tribunales generalmente han respaldado estos cargos, razonando que el gobierno puede procesar conducta—no expresión—que interfiera con la seguridad pública o con un arresto legal.
Protestar Contra ICE en Edificios Gubernamentales y Centros de Detención
Muchas manifestaciones ocurren frente a oficinas de ICE, centros de detención y estaciones de policía que colaboran con autoridades federales. Las personas tienen derecho a protestar en aceras públicas, incluso si el mensaje es crítico hacia ICE o el gobierno. La Primera Enmienda prohíbe restricciones basadas en el punto de vista, lo que significa que las autoridades no pueden permitir que manifestantes pro-ICE permanezcan mientras ordenan dispersarse únicamente a los manifestantes anti-ICE.
Sin embargo, existen límites. Los manifestantes no pueden bloquear entradas, salidas o accesos vehiculares a edificios gubernamentales, ni pueden poner en riesgo la seguridad de agentes o del público. Los tribunales han validado arrestos cuando los manifestantes crearon barreras físicas que impidieron que empleados o agentes entraran o salieran del lugar. Aun así, la policía debe emitir órdenes claras y legales de dispersión antes de realizar arrestos en la mayoría de los casos.
Sus Derechos si la Policía o ICE le Ordenan Retirarse
Las autoridades solo pueden exigir que los manifestantes se dispersen si existe un motivo legítimo relacionado con la seguridad pública, como violencia, daños a la propiedad o calles bloqueadas. Una orden de dispersión debe ser clara y no puede discriminar según el contenido de la manifestación. La aplicación selectiva—por ejemplo, permitir permanecer a un grupo mientras se expulsa a otro con opiniones opuestas—puede constituir una violación constitucional.
Numerosas demandas posteriores a las protestas por justicia racial de 2020 aclararon este principio. En Black Lives Matter D.C. v. Trump, aunque el caso no estaba relacionado con inmigración, el tribunal sostuvo que los manifestantes desalojados de Lafayette Square podían presentar reclamaciones alegando que la dispersión fue motivada políticamente más que justificada por preocupaciones legítimas de seguridad. Los mismos principios se aplican a protestas contra ICE: las órdenes de dispersión deben basarse en hechos objetivos, no en hostilidad hacia un punto de vista particular.
Qué Pasa si Usted es Arrestado Mientras Protesta Contra ICE
Si usted es arrestado durante una protesta—ya sea por policía local o por autoridades federales—mantiene protecciones legales importantes. Tiene derecho a permanecer en silencio, a solicitar un abogado y a negarse a discutir su estatus migratorio. La mayoría de los arrestos relacionados con protestas son delitos menores, como alteración del orden público o no obedecer una orden de la policía. Sin embargo, incluso los cargos menores pueden tener consecuencias graves, especialmente para personas no ciudadanas.
Quienes sean arrestados deben evitar firmar documentos o hacer declaraciones antes de consultar con un abogado. Si cree que se usó fuerza excesiva o que se violaron sus derechos de expresión, debe considerar comunicarse con un abogado con experiencia para presentar una demanda por violaciones de derechos civiles por daños monetarios.